Nota sobre los procesamientos en Alemania (POONAL)

Este artículo fue publicado en Poonal n º 1071

URUGUAY

Criminalización de los ex presos de la dictadura después de las protestas contra la impunidad

Domingo 17 de Noviembre de 2013 00:00

por Ute Löhning (Berlín, 17 de noviembre de 2013, poonal La Diaria-Comcosur) -. Uruguay está luchando con la investigación de violaciónes de derechos humanos de la época de la dictadura militar de 1973 hasta 1985. Esto es claro en ese momento. Desarrollos alrededor de la destitución de la jueza Mariana Mota Mientras que Uruguay es un país cuyo presidente José Mujica fue torturado durante la dictadura de los militares y detenidos en condiciones degradantes, y en los otros guerrilleros ex-gobierno de los Tupamaros sentarse. Las protestas pacíficas contra la destitución del juez Mota El juez Mariana Mota, que había encontrado consistentemente en varios casos de terrorismo de Estado y condenado como el ex dictador Juan María Bordaberry a prisión era la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a principios de 2013 en contra de su voluntad y sin previo aviso de un tribunal penal transferido a un tribunal civil Servicio. Los casos fueron procesadas por sus bloqueada por el control judicial de violaciónes de derechos humanos y los retrasos totales ralentizado. Organizaciones de derechos humanos, ex presos y sus familiares tuvieron luego de 15 02 2013 llamó a realizar protestas ante el Tribunal Supremo. Cientos de personas se acercaron. Ella protestó en voz alta, pero pacíficamente , cantaron, aplaudieron, gritaron consignas para exigir el castigo de la Ilustración y los crímenes de la dictadura y, más específicamente, los derechos humanos, que pidieron no permitir que el Juez Mariana Mota. 100 y 200 manifestantes entraron en el edificio y en el Tribunal Supremo, a la que se discutió el desplazamiento del juez Mota en una reunión pública y aprobados. Aunque el evento fue pacífico, los manifestantes fueron empujados por una unidad especial de la construcción. Las acusaciones de "montaje" El mismo día, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Ruibal Pino, cargos contra siete participantes de estas protestas a causa de "asamblea" (asonada) reembolsado - siete, como presuntos líderes de las personas no percibidos de un grupo de más de un centenar de participantes, probablemente los que había hablado con la prensa. El Juez Penal Gabriela tiene Merialdo pasado 4 Noviembre ya formuló cargos contra Irma Leites, Jorge Zabalza, Alvaro Jaume, Patricia Borda, Aníbal Varela, Eduardo Jaume Jaume Diego. Como "asamblea" o "cazuela" es verdadero si "reunirá por lo menos cuatro personas, disturbios, incitando a la población, (...) con gritos o amenazas interrumpir actos públicos o ceremonias religiosas (...)". Después de la legislación uruguaya es "asamblea" o "cazuela" una violación de la estructura política interna del Estado. Participantes una "asamblea" puede ser castigado con pena de prisión de ocho y cincuenta y siete montanos. Condiciones Cínico de aspecto Algunos de los acusados (Irma Leites, Jorge Zabalza, Alvaro Jaume) han pasado varios años como prisionero político en las mazmorras de la dictadura. Irma Leite juega un papel destacado en la plataforma para la memoria y la justicia (Plenaria Memoria y Justicia), Jorge Zabalza fue una figura destacada de los Tupamaros. El fiscal en este caso es Gustavo Zubia, hijo de Eduardo Putschistengenerals Zubia y guardias de la prisión acusado de Jorge Zabalza ahora. Numerosas notas de protesta contra el poder judicial El PIT-CNT federación sindical afirma en un comunicado el director general Marcelo Abdala Fernando Pereira contra la acusación y llama al derecho de todos los ciudadanos uruguayos a la libertad de expresión y la protesta como un derecho garantizado por la Constitución. Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado en rueda de prensa conjunta sobre este tema Asimismo, la filial uruguaya de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC (Asociación de Mundial de Radios Comunitarias) rechaza la confirmación de los cargos por el juez Merialdo en una declaración pública. Las protestas legítimas sería pacífica. De esta manera sería criminalizar la protesta, restringió el derecho de todos los ciudadanos a la libertad de palabra y de expresión pública de opinión y pisoteada. Más astuto que el uruguayo poder judicial no es independiente y disfrazar el camino en la búsqueda de la verdad y la justicia, por lo que se mantiene la impunidad de los responsables de los crímenes de la dictadura de los derechos humanos. Seis de los acusados (Irma Leites, Jorge Zabalza, Alvaro Jaume, Aníbal Varela, Eduardo Jaume Diego Yawm) anunció en un comunicado la acción legal público para con los que quieren conseguir, que el propio Tribunal Supremo, la declaración de la jueza Merialdo por inconstitucional explicar. Mariana Mota y otra vez ... Mismo Mariana Mota había expresado públicamente las críticas de la acusación por disturbios en septiembre de 2013. En el diario El País, que habían declarado que no ven ninguna base para ello, porque no hubo heridos y no se había bloqueado el acto público de su propio desplazamiento. Los manifestantes se habían hecho más que ejercer su derecho a la libertad de expresión en la demanda. Ahora, a su vez, requiere que la Corte Suprema de Mota una declaración sobre sus declaraciones públicas. Si tienen estas declaraciones a El País que realmente hizo y por qué han elegido esta forma. Según el autor Natalia Aval del diario uruguayo "La Diaria", este podría ser el primer paso para la renovación de los procedimientos administrativos en contra de Mota. Re-turn - resultado incierto Mientras tanto, un nuevo giro ha tenido lugar cuatro días después de un procedimiento civil contra los siete activistas, el Tribunal Supremo ha decidido también jueza Gabriela Merialdo para aliviar su puesto en la Corte Penal y que les permita un tribunal civil. La información sobre el paso de la corriente de nuevo a las declaraciones hechas por los empleados de la Corte Suprema, dijo al diario "El País". Formalmente, la transferencia está en conexión con una indicación de la Asociación de Empleados de Justicia (Asociación de Funcionários Judiciales) contra Merialdo debido a las quejas sobre el manejo de los empleados en su lugar de trabajo. El actual diputado jueza Cecilia Schroeder asumirá el cargo de Merialdo.

.